de criterios y ahora es algo que debería de ser normalizado para que no haya discrepancias en la interpretación de la ley a nivel estatal y federal, expresó Ana Lorena Delgadillo, coordinadora de la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM).

En este contexto, las cifras de condenas por desaparición forzada y cometida por particulares en México siguen siendo alarmantemente bajas en comparación con la cantidad de personas desaparecidas en el país. La falta de justicia y la impunidad que prevalecen en estos casos son motivo de preocupación para organizaciones civiles y la sociedad en general.

Las investigaciones deficientes, la corrupción de autoridades y la falta de apoyo a las familias de las personas desaparecidas son algunos de los factores que dificultan el acceso a la verdad y a la justicia en estos casos. La inacción de las autoridades y la falta de recursos destinados a la búsqueda y localización de personas desaparecidas agravan la situación.

Es necesario que el Estado mexicano tome medidas efectivas para garantizar la justicia en los casos de desaparición forzada y cometida por particulares, así como para brindar apoyo integral a las familias de las víctimas. La implementación adecuada de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas es fundamental para avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia en estos casos.

La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía en general deben continuar exigiendo que se investiguen a fondo todos los casos de desaparición y que se haga justicia para las víctimas y sus familias. La lucha contra la impunidad y la desaparición forzada debe ser una prioridad en la agenda del Estado mexicano.