ra mostrar su disposición de colaborar con las autoridades, pero recalcó que no estaba dispuesta a ser utilizada como un instrumento de persecución política.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que se trata de un asunto que debe ser investigado por la FGR de manera imparcial y objetiva, y que no debe haber intromisión política en el proceso legal.

La situación ha generado una fuerte polarización en la opinión pública, con simpatizantes de la gobernadora Campos defendiendo su postura y acusando al gobierno federal de actuar de manera selectiva en la aplicación de la ley, mientras que sus detractores la señalan de intentar eludir su responsabilidad en el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua.

El caso se mantendrá en controversia en los próximos días, mientras las autoridades continúan con las investigaciones y la gobernadora Campos enfrenta la presión mediática y política que rodea este caso.