ladores de mayoría relativa, pero disminuye a 100 los diputados de representación proporcional, los cuales se asignarán mediante un mecanismo que garantice la proporcionalidad de los votos obtenidos por cada partido político en las elecciones. Esta propuesta ha generado divisiones dentro de la propia coalición gobernante, ya que algunos sectores consideran que afectará la representatividad de los partidos políticos minoritarios y vulnerará la pluralidad en la toma de decisiones.

Por otro lado, la propuesta también plantea la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, limitando sus prerrogativas a un máximo del 70 del financiamiento otorgado en el año inmediato anterior a la elección. Asimismo, se establece la obligatoriedad de que los partidos destinen un porcentaje mínimo de sus recursos a las campañas electorales de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.

En cuanto a la fiscalización de los recursos destinados a campañas electorales, la reforma propone fortalecer las atribuciones del INE para auditar el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, así como para sancionar las prácticas ilegales en materia de financiamiento.

En resumen, la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum busca modificar aspectos fundamentales del sistema político mexicano con el objetivo de fortalecer la representatividad y la participación ciudadana, al tiempo que se busca reducir los costos del sistema electoral y garantizar la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas. Sin embargo, la iniciativa ha generado divisiones y polémica entre los distintos actores políticos, por lo que su avance en el Congreso dependerá de los acuerdos y negociaciones que se puedan lograr en las próximas semanas.