En una reciente investigación llevada a cabo por EL UNIVERSAL se ha revelado que el Instituto Nacional de Migración (INM) cuenta con un total de 5,129 cámaras antivandálicas y 776 micrófonos que operan las 24 horas del día en los 32 estados del país. Este sistema de vigilancia fue implementado con el objetivo de supervisar y controlar los movimientos de migrantes en estaciones migratorias, estancias provisionales y puntos de internación terrestre.
El contrato de adjudicación directa CS/INM/066/2024 detalla que la dependencia pagó un total de 96 millones 866 mil 905 pesos para dar mantenimiento a los 157 puntos de circuito cerrado de televisión (CCTV) en México. El propósito de este servicio es recopilar evidencias para detectar oportunamente e inhibir violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
A pesar de esto, la mayoría de las cámaras instaladas no se encuentran en áreas de gestión migratoria, como Oficinas de Representación o aeropuertos, sino en estancias provisionales, casetas de revisión, estaciones migratorias y puntos de internación terrestre. Estos lugares son destinados al tránsito o estadía de personas en situación de movilidad.
La empresa encargada de la instalación de este sistema de videovigilancia es Servicios Integrales Sarpy, S.A. de C.V. Este sistema se encuentra fortalecido principalmente en áreas de cruce fronterizo como Chiapas, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California Norte y Chihuahua, donde hay más de 10 estaciones por estado.
Chiapas destaca como el estado con mayor cantidad de sitios de CCTV instalados, con un total de 23 distribuidos principalmente en estancias provisionales, estaciones migratorias y puntos de internación terrestre. Le sigue Tamaulipas con 14 instalaciones, Quintana Roo y Baja California Norte con 12 lugares de vigilancia, y Chihuahua con 11 zonas de videovigilancia.
Otros estados como Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, la Ciudad de México, Estado de México, Baja California Sur, Coahuila y Jalisco también cuentan con varias instalaciones de CCTV destinadas al control migratorio.
Estas medidas de seguridad intensivas buscan garantizar una supervisión adecuada de los movimientos migratorios en el país, con el fin de proteger los derechos de los migrantes y combatir posibles actos de corrupción en el proceso de internación y estancia de personas en situación migratoria.