A partir del 1 de septiembre de 2025, las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resultaron electos mediante voto popular en las pasadas elecciones judiciales, enfrentarán importantes desafíos para el país. Entre los asuntos que tendrán que resolver se destacan los amparos promovidos por Elektra y el empresario Ricardo Salinas Pliego, las reformas a diversas leyes aprobadas en el ‘viernes negro’ y la facultad de la Presidencia de la República para otorgar amnistía directa, entre otros.
Estos temas, por su alcance político, social, económico y sus repercusiones en sectores como comunicaciones, transporte, salud pública, así como en la vida de miles de víctimas en el país, impactan directamente en la ciudadanía. La discusión de estos asuntos llega en un contexto político y social complicado para la Corte, al haber reducido su número de integrantes de 11 a 9 y con la particularidad de que todos los nuevos ministros fueron impulsados por el partido Morena a través de la distribución masiva de acordeones.
Además, tendrán que resolver con nuevas reglas tras la aprobación de reformas que limitaron los alcances de los amparos otorgados a la sociedad. Esta discusión se suma a la larga lista de proyectos pendientes que incluyen la eliminación o modificación del uso de figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, conocida como prisión automática, por la que México fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por violación de derechos humanos.
Un caso particular que deberá ser abordado es el relacionado con el empresario Ricardo Salinas Pliego, cuyo Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó el pago de adeudos fiscales por 6 mil 833 millones de pesos a siete de sus compañías en 2013 y 2014, según información desclasificada por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación en 2019.
Ante este panorama, la labor de los nuevos ministros de la SCJN se presenta como un reto crucial para garantizar el debido proceso, la justicia y el respeto a los derechos humanos en México.