La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó de forma unánime la demanda presentada por el gobierno de México contra fabricantes de armas estadounidenses. La querella, presentada en 2021, buscaba responsabilizar a estas empresas por la violencia generada por cárteles en territorio mexicano y solicitaba 10 mil millones de dólares en daños, además de una orden judicial para imponer restricciones a la comercialización y distribución de armas. La jueza Elena Kagan, quien redactó la opinión mayoritaria, argumentó que la demanda está impedida por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), una legislación federal de 2005 que otorga inmunidad legal a los fabricantes de armas de fuego en ciertos casos.
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que ‘son dos juicios’, y pidió tiempo para conocer la medida. ‘Vamos a ver cuál es el resultado y les informamos’. El fallo sostiene que no se logró probar que dichas empresas ayudaran o facilitaran el tráfico ilícito de armas hacia territorio mexicano, aunque el tribunal evitó pronunciarse sobre el argumento de la proximidad del daño, también presentado por México, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de un comunicado en el que rechaza la decisión en la Corte estadounidense.
Con esta decisión, la Suprema Corte revoca una sentencia previa de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que había permitido que la demanda mexicana continuara, y devuelve el caso al tribunal de distrito en Boston para que prosiga conforme a este nuevo criterio. Ante esto, la SRE expresó su firme desacuerdo y reafirmó su compromiso de agotar todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para frenar el flujo ilícito de armas que afecta a la seguridad y paz de las familias mexicanas.
México presentó esta demanda en agosto de 2021, argumentando que las prácticas negligentes de los fabricantes estadounidenses han contribuido al tráfico ilegal de armas, fortaleciendo a grupos delictivos y alimentando la violencia. En enero de 2024, la Corte de Apelaciones había determinado que México presentó alegatos suficientes para sostener que las empresas demandadas ayudaron e instigaron dicho tráfico. La SRE destacó que esta decisión no afecta una segunda demanda presentada en 2022 ante una corte en Tucson, Arizona, en contra de cinco tie.