El intento de censura contra el periodista Héctor de Mauleón y EL UNIVERSAL ha generado una condena generalizada por parte de diversos sectores de la sociedad. Ante este hecho, se ha reafirmado la importancia de resistir la intimidación y defender la libertad de expresión como uno de los valores fundamentales en una sociedad democrática.

El ataque no solo ha buscado eliminar una columna publicada, sino también imponer una mordaza tanto al columnista como al medio de comunicación, lo cual resulta inaceptable en un país donde la transparencia y el libre flujo de información son pilares de la democracia.

Se exige al Instituto Nacional Electoral una explicación por la entrega de datos personales sin una orden judicial, lo cual plantea serias dudas sobre el respeto a la privacidad y los derechos individuales. Además, el amago de emprender procesos sancionatorios si no se acata la censura impuesta es una clara violación a la libertad de expresión y a la labor periodística.

Es imperativo que las autoridades competentes protejan y garanticen la libertad de expresión como un derecho fundamental de la sociedad en su conjunto. La cancelación de este derecho desde instancias judiciales electorales representa un grave retroceso en el estado de derecho y la democracia.

Este hecho, originado en un tribunal electoral estatal con posibles vínculos políticos, plantea serias interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial en el contexto de un proceso electoral marcado por la incertidumbre y la polarización.

En este sentido, es crucial rechazar enérgicamente cualquier intento de censura e intimidación y exigir el respeto al trabajo periodístico, el cual cumple una función esencial en la sociedad al informar y poner en evidencia las acciones de las autoridades.

Firman en respaldo a la carta diversos sectores de la sociedad que defienden la libertad de expresión y la libertad de prensa como derechos fundamentales que deben ser preservados y protegidos en todo momento.