La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la reciente aprobación de la reforma judicial en México, destacando la posibilidad de implementar mecanismos para combatirla una vez que entre en vigor. Durante una audiencia en la que jueces y magistrados presentaron sus objeciones a la reforma, la comisionada Andrea Pochak, en representación del organismo con sede en Washington, manifestó su inquietud.
La delegación de trabajadores del Poder Judicial Federal, encabezada por juezas y magistradas, expuso sus preocupaciones en relación a la reforma, mientras que la defensa estuvo a cargo de la embajadora Luz Baños y el director de estudios constitucionales de la consejería jurídica, José Antonio Montero. Varios comisionados independientes, tanto de la CIDH como de la ONU, cuestionaron el motivo detrás de la decisión de despedir a cientos de jueces y magistrados, a lo que Montero Solano respondió que no había un diagnóstico formal, pero que la reforma había sido presentada como parte de la plataforma del partido en el gobierno durante las elecciones de junio.
Durante la audiencia, diversos representantes del sistema judicial señalaron los problemas y las afectaciones directas que la reforma ocasiona. Por ejemplo, la jueza Claudia Elena Hurtado, en representación de 17 juzgadoras victoriosas en un concurso para la designación de jueces en 2019, expresó su descontento ante la eliminación de medidas de acción afirmativa que habían contribuido a reducir la brecha de género en el ámbito judicial.
Por su parte, Juana Fuentes, presidenta de la Asociación Mexicana de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), señaló que la reforma ha resultado en una purga masiva de magistrados basada en acusaciones de corrupción que no han sido respaldadas por pruebas concretas ni denuncias formales. Asimismo, solicitó al Estado que aclare si la intención es verdaderamente combatir la corrupción en el sistema judicial.
La CIDH continuará monitoreando de cerca la situación en México e evaluará posibles acciones a tomar para garantizar el respeto a los derechos humanos en el marco de la reforma judicial.