sión y prevención de delitos financieros. Sin embargo, el proyecto de la SCJN considera que dichos preceptos son acordes con la Constitución y los tratados internacionales en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que la actuación de la UIF se encuentra dentro de sus facultades legales.

En caso de que la SCJN apruebe el proyecto de Figueroa Mejía, la UIF podrá seguir utilizando la información bancaria de Ricardo Salinas Pliego y de los otros empresarios mencionados en los Pandora Papers para sus investigaciones y acciones de prevención de delitos financieros. Esta decisión reafirmaría la importancia de que las autoridades cuenten con herramientas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, protegiendo así la integridad del sistema financiero y la seguridad del país.