e la UIF. La diputada afirma que no existen pruebas en su contra y que se trata de una persecución política por parte de las autoridades.

La UIF, por su parte, sostiene que la información proporcionada por Estados Unidos es suficiente para justificar el bloqueo de las cuentas de Hilda Brown, ya que se considera que tiene vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, el juez ha decidido otorgarle una suspensión provisional para que pueda recibir parte de sus ingresos mientras se resuelve su situación legal.

Esta situación ha generado controversia y división en la opinión pública, con algunos apoyando a la diputada y otros respaldando las acciones de las autoridades. La audiencia incidental y la audiencia constitucional programadas para enero de 2026 serán determinantes para el futuro de Hilda Araceli Brown Figueredo y su caso.