a autoridad no tomó medidas efectivas para investigar y resolver los casos, lo que provocó impunidad y la falta de justicia para las víctimas y sus familias.

Tras una larga lucha por parte de las familias de las jóvenes asesinadas, en 2009 la CoIDH emitió una sentencia en la que responsabilizó al Estado mexicano por la violación de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, y ordenó la creación de un registro de feminicidios en el estado de Chihuahua.

Sin embargo, más de 17 años después de esta sentencia, el Estado mexicano aún no ha cumplido con esta obligación, lo que refleja la falta de voluntad y compromiso de las autoridades para enfrentar la violencia de género y garantizar la justicia para las mujeres víctimas de feminicidio.

La llegada de Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de la República representa una oportunidad para avanzar en el cumplimiento de esta orden de la CoIDH y establecer un precedente en la lucha contra la violencia de género en México. Es necesario que la fiscal asuma este desafío con responsabilidad y compromiso, y que trabaje de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales para implementar un registro de feminicidios efectivo y confiable que contribuya a prevenir y combatir esta grave problemática en el país.