Ciudad de México. El coordinador General de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, fijó la postura del Ejecutivo federal respecto al artículo transitorio de la reforma a la ley de amparo aprobada por el Senado, que ha generado polémica sobre una posible aplicación retroactiva. Zaldívar subrayó que la posición del Gobierno federal es contraria a avalar una disposición contraria a la Constitución. Se enfatizó que no se buscará la aplicación retroactiva a las etapas procesales concluidas o en curso, no se van a revertir suspensiones otorgadas en la ley de amparo vigente que ya causaron estado, sino que se busca que aplique en las sucesivas etapas.

La presidenta Claudia Sheinbaum según Zaldívar no impulsa ni avala leyes contrarias a la Constitución que permitan aplicaciones retroactivas cuando la Carta Magna lo prohíbe expresamente. Se reconoció que la redacción del artículo transitorio es confusa en cuanto a la aplicación retroactiva de una ley que regirá sobre procedimientos legales en curso. Se destacó que los senadores hicieron modificaciones importantes a la iniciativa presidencial que la enriquecieron, pero la redacción del artículo transitorio generó polémica y descalificaciones hacia la reforma.

Se sugiere al legislador incorporar en la reforma una disposición que aclare que el amparo se relaciona con asuntos procesales de los juicios, para evitar interpretaciones incorrectas. Zaldívar pidió que la redacción definitiva sea clara en que se respetarán los derechos adquiridos en las etapas procesales, rigiéndose por las normas vigentes al momento de la actuación y sin revocar suspensiones que ya causaron estado. Además, se señaló que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor de la reforma se regirán por las nuevas disposiciones.

En medio de la polémica y las preocupaciones legítimas, se destaca la necesidad de redactar las leyes de forma más pedagógica y clara, para evitar interpretaciones erróneas. Zaldívar añadió que se busca una reforma que respete los derechos adquiridos en las etapas procesales de los juicios en curso, aplicando las nuevas normativas en las siguientes etapas. La intención es garantizar la legalidad y respetar los principios constitucionales en el sistema de amparo.