El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene previsto imponer sanciones económicas a nueve ministros electos por el uso de acordeones durante las votaciones por integrantes del Poder Judicial de la Federación, llevadas a cabo en junio pasado. Las multas que se contemplan oscilan entre 39 mil y 127 mil pesos, sin embargo, no se contempla la remoción de los cargos.
Según el proyecto relacionado con el procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, se propone sancionar a un total de 118 candidatos electos en distintos cargos judiciales, desde ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hasta magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), de tribunales distritales, así como a juezas y jueces, por haber obtenido una ventaja sobre otras candidaturas.
Dentro de los nombres de los candidatos que enfrentan sanciones económicas, se encuentran figuras destacadas como Hugo Aguilar Ortiz, próximo presidente de la SCJN, quien podría recibir una multa de 39 mil 712 pesos, y Loretta Ortiz, con la sanción más alta de 127 mil 508 pesos. Otras personalidades como Yasmín Esquivel, Lenia Batres, María Estela Ríos, Arístides Rodrigo Guerrero, Giovanni Azael Figueroa, Irving Espinosa y Sara Irene Herrerías también serán sancionados económicamente.
Además, miembros del Tribunal de Disciplina Judicial también serán penalizados por el uso de acordeones durante las votaciones. Celia Maya, futura titular del tribunal, podría recibir la multa más elevada de 146 mil 884 pesos, seguida de Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyves, Rufino H. León e Indira Isabel García, quienes enfrentarán sanciones que van desde los 27 mil hasta los 146 mil pesos.
El expediente presentado incluye evidencia de ejemplares impresos de los acordeones utilizados, así como de sitios web que ofrecían guías de votación con perfiles sugeridos. El proyecto establece que la Comisión de Fiscalización será la encargada de llevar a cabo el proceso de imposición de sanciones económicas a los candidatos involucrados en esta situación.