En los últimos años, la lucha contra la corrupción en el gobierno mexicano ha sido una de las prioridades del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Una de las principales fuentes de corrupción identificadas por su administración son las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), también conocidas como empresas fantasma.

El SAT define a las EFOS como compañías que no cuentan con la capacidad material o personal para llevar a cabo actividades comerciales, y su principal función es la emisión de facturas falsas. Estas prácticas fraudulentas han sido un problema recurrente en administraciones anteriores, lo que llevó a AMLO a proponer tipificar como delito grave la constitución de empresas fantasma y la elaboración de facturas falsas.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por combatir este fenómeno, recientes investigaciones han revelado que durante el sexenio pasado se contrataron a empresas inexistentes y se repitieron las irregularidades administrativas del pasado. Entre 2018 y 2022, la administración lopezobradorista asignó 87 contratos a 34 proveedores fantasma por un total de 182.8 millones de pesos.

Estos contratos fueron otorgados a través de diversas dependencias federales, universidades, oficinas estatales y un ayuntamiento en Tabasco. Este hallazgo demuestra que, a pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción, las prácticas fraudulentas continúan presentes en el gobierno mexicano.

El análisis realizado por Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad revela la magnitud del problema, identificando a las empresas fachada contratadas por la pasada administración a través de CompraNet entre 2002 y 2022.

Este hallazgo pone de manifiesto la importancia de seguir trabajando en la prevención y detección de prácticas corruptas en el gobierno mexicano, y la necesidad de implementar mecanismos de control más efectivos para erradicar la corrupción en todas sus formas.