ados a instituciones sin fines educativos, así como pagos por servicios no prestados y por bienes no entregados. En 2017, la cifra de daños al erario aumentó a 13 mil 671 millones de pesos, principalmente por pagos a proveedores sin respaldo documental, desvíos de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, desviaciones de recursos del Programa de Desarrollo Regional y aplicaciones indebidas del Programa de Empleo Temporal. En años posteriores, las cifras de presuntos daños al erario continuaron en aumento, llegando a un total de 43 mil 128 millones de pesos al final de la administración de Silvano Aureoles. A pesar de las numerosas auditorías realizadas por la ASF y las investigaciones de la Secretaría de Contraloría de Michoacán, muchos de los presuntos responsables de estos actos aún no han sido llevados ante la justicia. La situación de corrupción en el gobierno de Michoacán durante el sexenio de Silvano Aureoles Conejo ha generado indignación entre la población y ha puesto en entredicho la transparencia y honestidad de las autoridades estatales.