A lo largo de los últimos tres años, el Poder Judicial ha tomado la decisión de otorgar la libertad a un total de 72 líderes e integrantes de la delincuencia organizada en México. Estas decisiones han sido emitidas por diversos juzgadores y han incluido sentencias absolutorias, libertades provisionales y anticipadas, así como cambios de medidas cautelares para personas procesadas por delitos relacionados con narcotráfico, delitos contra la salud, tortura y secuestro, entre otros cargos.
El pasado viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, mencionó que la entrega de 29 capos a Estados Unidos se realizó debido al riesgo de que algunos de ellos fueran liberados o beneficiados por jueces federales para retrasar sus procesos de extradición. Entre los capos entregados se encuentran figuras de alto y medio rango como Rafael Caro Quintero, Don Rafa Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, y Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, quienes podrían enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua en Estados Unidos.
Dentro de las 72 liberaciones de los últimos tres años se destacan casos de presuntos delincuentes considerados de alta peligrosidad, como Inés Coronel Barrera, líder del Cártel de Sinaloa y suegro de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Coronel Barrera obtuvo su libertad anticipada el 5 de abril de 2022, luego de una resolución emitida por el juez Segundo de Distrito especializado en ejecución de penas en la Ciudad de México, Fredy L. Portillo González. Fue condenado a 10 años de prisión en 2017 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.
Otro caso destacado es el de Javier Adrián Salazar Ortiz, alias El Barbas, quien por varios años fue líder regional del cártel de Los Zetas. Salazar Ortiz estaba detenido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano por diversas acusaciones, sin embargo, el 29 de febrero de 2024 recibió una sentencia que lo llevó a obtener su liberación.
Estas decisiones judiciales han generado polémica y preocupación en la sociedad mexicana, ya que se cuestiona la efectividad de las medidas de seguridad y justicia en el país. Es importante seguir de cerca el desarrollo de estos casos y el impacto que puedan tener en la lucha contra el crimen organizado.