La solicitud de asistencia consular formulada por Ismael El Mayo Zambada García al gobierno mexicano tiene como objetivo principal su repatriación a territorio nacional y evitar la aplicación de la pena de muerte, según afirmó el abogado Juan Manuel Delgado González, quien forma parte del equipo de defensores que representa al ex líder del cártel de Sinaloa en México. Delgado González aseguró en una entrevista con La Jornada que Zambada García no ha proporcionado información a las autoridades estadounidenses ni ha mantenido negociaciones con la fiscalía de ese país. La petición de asistencia consular busca garantizar el respeto de los acuerdos existentes en materia de extradición entre México y Estados Unidos.

El abogado explicó que el gobierno mexicano estaría constitucionalmente obligado a solicitar a Estados Unidos garantías de que no se aplicará la pena de muerte a Zambada, de acuerdo con los compromisos suscritos por las autoridades judiciales estadounidenses. La petición de asistencia consular y repatriación entregada en el consulado de México en Nueva York no pretende ser un ultimátum, sino una exigencia de respeto y ejercicio de un derecho universalmente reconocido.

Delgado González destacó que, en este caso, Zambada es considerado también como víctima de un delito, específicamente de privación ilegal de la libertad, lo que justifica la solicitud de defensa consular por parte del gobierno mexicano. Asimismo, subrayó la importancia de cumplir con los requisitos establecidos en los tratados de extradición y en el Tratado para Prohibir los Secuestros Transfronterizos, que son vinculantes tanto para México como para Estados Unidos.

Por su parte, la defensa de Zambada en Estados Unidos está a cargo del abogado Frank Pérez, mientras que Delgado González actúa como vocero autorizado para tratar el caso desde México. En palabras del abogado, la solicitud de asistencia consular y repatriación no busca llegar a un acuerdo con la fiscalía estadounidense, sino garantizar el respeto de los derechos y acuerdos internacionales en materia de extradición.