El Mecanismo de Protección del gobierno federal en México ha mostrado un incremento en las solicitudes de protección de periodistas y defensores de derechos humanos en los últimos años. Según el informe anual del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, durante el periodo de 2020 a 2024 se han recibido un total de mil 139 solicitudes, de las cuales solamente han sido aceptadas 640. Esto significa que únicamente seis de cada 10 solicitudes son admitidas para recibir protección.
En cuanto a las cifras de rechazos, se ha observado un aumento significativo a partir de 2021. En ese año, se declinaron 53 de 193 solicitudes, en 2022 fueron rechazadas 152 de 291, en 2023 fueron 157 de 338 y en 2024 se rechazaron 130 de 183 solicitudes, admitiendo únicamente 53 expedientes. Estos números marcan una tendencia preocupante en el acceso a la protección por parte de periodistas y defensores de derechos humanos en el país.
Hasta el 31 de diciembre de 2024, el Mecanismo de Protección protege a un total de 657 personas defensoras de derechos humanos y 804 periodistas. Sin embargo, diversas voces critican que las medidas implementadas no son suficientes para garantizar la seguridad de los beneficiarios. En este sentido, María Teresa Molina, madre buscadora y activista, lamenta que los criterios para determinar el nivel de riesgo no sean los adecuados.
Molina cuenta con protección desde hace cuatro años debido a amenazas de muerte contra ella y su familia. A pesar de haber sido trasladada a un refugio en la Ciudad de México, fue regresada a Tamaulipas recientemente, a pesar de que sus agresores viven en esa zona. La activista ha denunciado la falta de respuesta por parte de las autoridades frente a situaciones de riesgo evidente, como el reciente avistamiento de personas armadas cerca de su casa.
En resumen, las cifras presentadas reflejan un panorama preocupante en cuanto al acceso y eficacia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. La necesidad de revisar y mejorar los criterios de evaluación de riesgo, así como de fortalecer las medidas de protección, se hacen evidentes en un contexto donde la labor de periodistas y defensores de derechos humanos enfrenta constantes amenazas y peligros.