La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cerró el año 2024 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto de reforma del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma tiene como objetivo principal combatir la impunidad en delitos de alto impacto como secuestros y homicidios, agregando varios delitos al catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, tales como extorsión y tráfico de drogas sintéticas, entre otros.
La reforma entrará en vigor a partir del primer día del año 2025, tras haber sido avalada por la Cámara de Diputados el pasado 4 de diciembre al declarar su constitucionalidad y posteriormente ser aprobada por 20 Congresos estatales. Según el nuevo artículo modificado, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
Con esta reforma, el gobierno mexicano busca reforzar su lucha contra la impunidad en delitos de alto impacto, garantizando mayor seguridad para la población y agilizando los procesos judiciales en casos de extrema gravedad.