La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California ha documentado cuatro casos de personas consumidoras de drogas que han sido privadas de la libertad por autoridades locales para someterlas a terapias de castigo. Uno de estos casos es el de Bianca, una mujer en situación de calle y usuaria de sustancias, quien fue trasladada a un centro de tratamiento por la fuerza, donde vivió un infierno. Durante su internamiento, Bianca no recibió ningún tratamiento de salud para atender las afectaciones que las drogas han ocasionado en su organismo, para revertir su adicción o para reducir los daños futuros de dicho consumo. En cambio, fue víctima de abusos físicos y psicológicos, confinada en condiciones insalubres y siempre en contra de su voluntad. La joven logró escapar de ese lugar cuando el personal intentó trasladarla a San Luis Potosí, pero la camioneta se descompuso en Sinaloa, dándole la oportunidad de huir. Bianca pudo regresar a Mexicali con la ayuda de conductores que aceptaron llevarla por algunos tramos. Estos casos reflejan la falta de una política pública nacional orientada a la reducción de daños causados por el consumo de drogas, así como la ausencia de un plan de reintegración que contemple las necesidades sociales, psicológicas y físicas de los consumidores. En la región norte de México, el contacto fronterizo con Estados Unidos ha hecho más factible el acceso a sustancias ilícitas, lo que aumenta la vulnerabilidad de personas como Bianca. Es urgente que las autoridades implementen medidas que respeten los derechos humanos de las personas consumidoras de drogas y que promuevan su bienestar integral en lugar de recurrir a terapias de castigo.