El abogado Alejandro Arzate Mejía vivió un momento de terror el pasado 17 de septiembre de 2020, cuando fue detenido por cuatro agentes de la policía de investigación capitalinos en un aparente caso de secuestro. A pesar de pensar que estaba siendo secuestrado, en realidad se trataba de una orden de aprehensión en su contra por el presunto secuestro y tortura de una señora de 91 años para quedarse con su fortuna.

Alejandro, un prestigioso abogado especializado en asesoría fiscal, se vio envuelto en un caso que lo llevó a pasar más de cuatro años en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente. A pesar de las numerosas inconsistencias en el caso y la falta de pruebas concretas en su contra, un juez determinó que las acusaciones eran suficientes para mantenerlo en prisión.

La historia de Alejandro no es única, ya que en el año 2023 más de 55 mil personas se encontraban en prisión preventiva en México, representando el 37 del total de presos en el país. Esta cifra, que en un momento fue situada en 90 mil casos por el ministro de la Suprema Corte Luis María Aguilar, refleja la situación de muchas personas que se encuentran privadas de su libertad sin un juicio justo.

El día del incidente, Alejandro había salido de una reunión con un cliente importante en un restaurante de mariscos en Interlomas, cuando fue interceptado por los agentes de la policía. A pesar de pedir auxilio a una patrulla cercana, los policías lo retuvieron y lo llevaron a la Fiscalía Antisecuestros en Azcapotzalco para una revisión médica de rutina, antes de ser trasladado al Reclusorio Oriente en espera de su audiencia ante un juez.

La historia de Alejandro Arzate Mejía es un claro ejemplo de los problemas que enfrentan muchas personas en el sistema judicial de México, donde la prisión preventiva se utiliza de manera indiscriminada y sin las garantías necesarias para proteger los derechos de los acusados.