El gobierno federal ha denunciado la existencia de un esquema de fraudes, corrupción y despojo de viviendas en el Infonavit, que ha causado daños millonarios en el ahorro de los derechohabientes. Según Octavio Romero Oropeza, director del instituto, empleados del Infonavit, notarios, despachos, integrantes del Poder Judicial, empresas y peritos valuadores están involucrados en estas prácticas ilícitas. En la última conferencia matutina, se reveló que se han detectado casos de triangulación de recursos, entrega irregular de indemnizaciones millonarias a empresas, contratación ilegal de seguros de vida colectivos y venta irregular de inmuebles.
En particular, se mencionó que en 2013 y 2014 se contrató un seguro de vida colectivo por 550 millones de pesos para los derechohabientes con crédito, así como la venta irregular de más de 12 mil créditos sobre mil 400 viviendas, lo que implica que se vendieron hasta cuatro veces cada inmueble en un año. Además, se detectó una triangulación de recursos para otorgar una indemnización de 5 mil millones de pesos a la empresa Telra Realty, que incumplió un contrato por 100 millones de pesos para diseñar una plataforma tecnológica.
A pesar de que dos socios de la empresa devolvieron 2 mil millones de pesos al percatarse del fraude, tres se han negado a devolver los 3 mil millones restantes. La Auditoría Superior de la Federación ha sido clave en la detección de estas irregularidades, que han puesto en riesgo los recursos de los derechohabientes del Infonavit. El consejo de administración del instituto se ha opuesto a la fiscalización de la ASF en estos casos, lo que evidencia la gravedad de la situación en el organismo.
Estos hechos ponen en duda la transparencia y legalidad de las operaciones realizadas en el Infonavit, y es necesario que se tomen medidas urgentes para investigar a los responsables y evitar que se sigan afectando los ahorros de los trabajadores. Es fundamental que se esclarezcan estos actos de corrupción y se garantice la integridad de las instituciones públicas encargadas de proteger los derechos de los ciudadanos.