La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, no asistió a la reunión programada en la Cámara de Diputados con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para discutir el presupuesto destinado a la elección del Poder Judicial de la Federación, prevista para junio de 2025. En su lugar, las consejeras Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López representaron al INE en el encuentro.

El INE ha solicitado un presupuesto de 13 mil millones de pesos para la elección de ministros, magistrados y jueces, sin embargo, la Cámara de Diputados contempla la posibilidad de un presupuesto menor, entre 9 mil y 10 mil millones de pesos. La diputada Merilyn Gómez Pozos, encargada de la comisión, ha declarado que se mantendrá en sesión permanente hasta alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto, aunque la fecha exacta para la aprobación del dictamen del Presupuesto de Egresos aún no ha sido establecida.

La consejera Rita Bell López enfatizó la importancia del proceso extraordinario de elección de más de 800 cargos en el Poder Judicial, explicando que el presupuesto solicitado está justificado por la observancia de las leyes y reglamentos correspondientes. Asimismo, recordó la celebración de elecciones en 12 municipios de Veracruz el próximo año, así como el registro de nuevos partidos políticos, destacando que el presupuesto requerido para 2025 representa un incremento del 27.6 con respecto al año anterior.

Por su parte, la consejera Norma Irene de la Cruz aseguró que el presupuesto de 13 mil millones de pesos no es arbitrario, indicando que el costo del proceso electoral de este año fue cercano a esa cifra y que el proceso judicial requerirá una cantidad similar, a pesar de las reducciones ya implementadas. Asimismo, cuestionó la valoración que el Congreso de la Unión otorga a la legitimidad de realizar un proceso judicial con los estándares exigidos por la ciudadanía.

En un contexto de tiempos reducidos y adversidades, con multas pendientes, el INE se ve enfrentado a la organización de una elección judicial que garantice la transparencia y la legalidad en todo momento.