n sus necesidades específicas. La reducción de presupuesto pone en riesgo la continuidad y calidad de los servicios que se ofrecen en los refugios, afectando directamente a las mujeres y a sus hijos e hijas que buscan resguardo y apoyo en momentos de crisis.

De acuerdo con datos del Informe Sobre la Violencia Contra las Mujeres en México 2021, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el confinamiento por la pandemia de COVID19 se registró un aumento del 18.4 en las llamadas al 911 por violencia familiar y un incremento del 75 en el ingreso de mujeres a refugios para víctimas en tan solo 7 meses.

Ante este panorama, es fundamental que se reconsideren los recortes presupuestales al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género. La atención y protección a las víctimas de violencia no es un lujo, es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. La falta de recursos afecta la capacidad de respuesta de los refugios y pone en riesgo la vida y la integridad de las mujeres y sus hijos e hijas que acuden en busca de ayuda.

Es imperativo que se escuche la voz de las organizaciones que trabajan en la atención a mujeres víctimas de violencia y se les brinde el apoyo necesario para seguir operando de manera eficiente y efectiva. La violencia de género es una problemática grave que requiere de una respuesta contundente y comprometida por parte de las autoridades.

Es momento de priorizar la seguridad y el bienestar de las mujeres y sus familias, y de garantizarles el acceso a los servicios especializados que les permitan salir de situaciones de violencia y reconstruir sus vidas. Es responsabilidad de todas y todos trabajar juntos para erradicar la violencia de género y crear un entorno seguro y equitativo para todas las personas.